LIMITACION DE LAS REMUNERACIONES DE LA ALTA DIRECCION EN LAS CAJAS DE AHORROS ESPAÑOLAS.

PROPUESTA A LA COORDINADORA FEDERAL DE IZQUIERDA SOCIALISTA.


Estas medidas serían de aplicación con carácter retroactivo año 2010 y 2011.

1º) Todos los contratos firmados, serán explicitados y razonados los motivos de la cantidad a cobrar.

En el caso de que hayan desaparecido, las razones o motivos originales, que motivaron dichas cantidades a la firma del contrato, en la misma medida desaparecerán o disminuirán las remuneraciones. (Esto hace referencia a los resultados finales de la Entidad).

2º) El debate sobre la cantidad que deben cobrar los altos directivos, no puede ser discrecional.
Partiendo de esta base y para evitar abusos, debe haber una especie de “tasación”.

El Banco de España “tasará” mediante una escala, los topes a alcanzar en dichas remuneraciones. Para confeccionar esa escala, los clientes participarán con sus aportaciones razonadas en la elaboración de los criterios. No olvidemos que dichas remuneraciones, producen unos gastos de personal, que disminuyen precisamente los beneficios, y en consecuencia las Cajas de Ahorros, que no tienen reparto de dividendos, pero sí tienen un reparto de beneficios en su Obra Social, son los perjudicados finales por estas remuneraciones. Es de justicia por tanto que al ser los perjudicados, sean participantes de los criterios. En cualquier caso, la cantidad total, que cobre la Alta dirección, NO podrá exceder de un tanto % de los beneficios de la Entidad, a determinar.

3º) Rescisiones de contrato.

La ley, así como las prácticas bancarias, deben proteger a los clientes. Estamos viendo como las indemnizaciones están blindadas y protegiendo a los directivos. Por tanto a nivel legal, debería de buscarse fórmulas que permitan rescisiones rápidas y sin coste para las Entidades (hay demandas presentadas por Directores Generales como en CAI, por rescisión de contrato), porque la demora, produce además intereses a pagar, a dichos directivos. En estas circunstancias, toda vez que se llegue a la conclusión de que NO se han obtenido, los resultados (beneficios, ratios de morosidad, etc.), que inicialmente dieron lugar a los contratos blindados y multimillonarios, se darán 2 opciones a la dirección:

Rescisión voluntaria de contrato rápido y sin coste abusivo, para la Entidad, con arreglo a un baremo pactado.
Rescisión obligada (despido) con consecuencias legales por los resultados obtenidos,

En esta opción (por despido), se hará ver a los directivos, que podrían llegarse a realizar deducciones salariales, si se hacen valoraciones de mercado, sobre el parque inmobiliario y sus stocks en los balances de la Entidad. Si los resultados fuesen negativos, debería de abonar el directivo la diferencia por daños y perjuicios a la imagen de la entidad y a su propia solvencia (pues habría fraude legal y contable). Y en el caso de NO pagar dichas diferencias, se produciría la puesta en marcha de los mecanismos legales, con embargo y subasta de sus bienes patrimoniales personales. Y en segundo lugar se abriría por la Fiscalía diligencias Penales, con las acusaciones pertinentes por traición al Estado, lo cual lleva como consecuencia penas de cárcel.

4º) Ruptura del mito de la “profesionalización”.

Se ha tenido a gala por parte de los Consejos de Administración, la llamada despolitización de los Organos de Gobierno. Tenemos constancia desde 1987 que se celebran las primeras elecciones a las Asambleas Generales, de consejeros generales en el sector de clientes, de que ha habido un “veto”, a aquellos que por ser clientes del sector progresista, se les impedía mediante mil argucias, tanto la llegada a las Asambleas, como la llegada sobre todo a los Consejos de Administración. Se acusaba de politización a esos clientes y se decía que debían ocupar el cargo en los Consejos, clientes independientes, de hecho se ponía encima de la mesa la dicotomía “profesionalización”, contra “politización”.

Han pasado 24 años desde entonces, recordemos que se hicieron tras 10 años (1987) de democracia en España. La cuestión de la democracia en los Organos de Gobierno de las Cajas, es una cuestión pendiente. Y no es solo pendiente, sino que es más grave, porque dicho veto a los clientes progresistas (se decía que ya estaban representados por los partidos políticos de izquierda, cosa absolutamente falsa, pues no tiene nada que ver, la representación institucional, con la de los clientes) ha originado, que los Consejos de Administración “profesionales”, “independientes” y por tanto “despolitizados” teóricamente, son los que han contratado a los Directores Generales y al personal de Alta Dirección, blindando contratos y asumiendo indemnizaciones millonarias.

Estas prácticas no habrían ocurrido, si los consejeros de clientes de corte progresista, hubieran llegado a los Consejos de Administración. Porque dichos sectores de clientes progresistas, no tienen los lazos e intereses empresariales y comerciales, que tienen los consejeros de clientes “independientes” en los Consejos de Administración. Cabe recordar, que Consejeros de Clientes, han votado a favor de dichas remuneraciones (en contra de los beneficios de la Entidad, y por tanto, de aquellos a quienes dicen representar), a su vez, el Consejo en su conjunto ha contratado al personal directivo y lo han remunerado muy bien (hay Cajas con un coste de 12 personas en la Alta Dirección que supone el 16 % de los beneficios), y el círculo se cierra, cuando a su vez el Director General autoriza, los créditos a los miembros del Consejo de Administración (su jefe y el que le contrata), con evidentes privilegios sobre cualquier cliente de la entidad.

Contratante y contratado repartiéndose privilegios en el más absoluto secreto, y con la colaboración de los Consejeros de Clientes, que en toda la crisis, no ha habido ni uno en toda España, que haya sido capaz, ni de dimitir, ni de al menos salir un dia en la prensa, diciendo NO estoy de acuerdo con estos salarios, al menos por dignidad, una vez que ellos mismos han votado y se han equivocado al provocar este desastre de inmoralidad, pues todo esto se ha hecho realidad, en el llamado proceso de profesionalización.

Es decir la profesionalización, no puede ser el coto de unos privilegiados, sino una verdadera gestión transparente, y con vocación de interés público, y social sobre el interés individual. Esos son los profesionales que se necesitan, que tengan carácter y personalidad para imponerse, y capaces de llevar la entidad por la senda de la gestión real y no de una gestión artificial de amiguismo corporativo.

Hay que reclamar Profesionales SI, pero con gestión de carácter democrático. ¿O son profesionales aquellos que atentan contra la democracia, que hunden las entidades, que viven en el mundo de la élite de una casta social reducida a los grandes negocios, de los lobbies?. Esa es la profesionalización, que ha hundido las Cajas de Ahorros, y esa escala de valores, es la que hay que extirpar del sector financiero

EN CONCLUSION:

Pedimos la SUSPENSION cautelar y posterior derogación de los contratos firmados con la Alta Dirección en las Cajas de Ahorros, mediante el inicio de una Auditoría sobre las remuneraciones.

En el plazo de un mes:

Se darán salidas voluntarias, y negociadas a dicho personal. Dichas salidas tendrán en cuenta la sostenibilidad de la Entidad.
A los directivos, que se considere oportuno mantener, firmarán un nuevo contrato, previa renuncia voluntaria del anterior.

En el caso de que NO acepten las nuevas condiciones, se pondrán en marcha los mecanismos legales enumerados más arriba (punto 3 rescisiones de contrato).


Zaragoza a 30 de diciembre de 2011

José Ignacio Martín
Miembro de la Coordinadora Federal de
Izquierda Socialista en representación de Aragón.